Violaciones a los Derechos Humanos y Conflictos Pendientes

INTERNATIONAL CONFERENCE ON HUMAN RIGHTS INFORMATION,IMPUNITY AND CHALLENGES OF THE POST-CONFLICT HE

 

HURIDOCS
HUMAN RIGHTS INFORMATION AND DOCUMENTATION SYSTEM INTERNATIONAL IMPUNITY AND CHALLENGES OF THE POST-CONFLICT HEALING PROCESS
Gammarth (Tunisia), 22-25 March 1998.

Reparación a las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos y conflictos pendientes: El caso de Chile.

Patricio Orellana Vargas.
Profesor de la Universidad de Chile

1. La magnitud de las violaciones a los derechos humanos y la lucha por los derechos humanos.

Como miembro de HURIDOCS (Sistema Internacional de Información y Documentación en Derechos Humanos) mi principal preocupación para combatir las violaciones a los derechos humanos es generar un proceso informativo eficiente. Martin Luther King decía que si pudiéramos alumbrar con focos potentes los rincones de las calles y las celdas donde se están cometiendo las violencias, estas desaparecerián. Una sociedad que sabe de sus horrores es capaz de reaccionar en contra de ellos.

En Chile, entre 1973 y 1990 existió un importante movimiento de derechos humanos y una de sus labores más significativas fue la denuncia y la información.

El instrumento fundamental de terror de la dictadura de Pinochet fue la tortura. La detención, el amedrentamiento, el allanamiento y la prisión eran las fases iniciales del proceso que culminaba con la tortura que provocaba un terror generalizado. Las ejecuciones y las detenciones con desaparición eran expresiones ejemplarizadoras. Los efectos eran el exilio, el repliegue político y la desorganización y atomización social.

Según los antecedentes de las ONGs de derechos humanos de Chile, durante la dictadura de Pinochet, en un periodo de 17 años, en un país con doce millones de habitantes, se sometió a tortura a 114.000 personas, se ejecutó a 2.456 y se hizo desaparecer a 1.200 detenidos. Se realizaron 483.000 allanamientos de viviendas que afectaron a 1.200.000 personas, se detuvo arbitrariamente por cortos períodos a 3.250.000 personas y se amedrentó a 2.100.000 personas y 143.000 permanecieron en prisión y fueron procesados. Según los informes de los organismos de derechos humanos, posteriormente cotejados con los controles policiales, 247.000 chilenos se exiliaron o fueron expulsados del país.

Estas cifras, que muestran un cúmulo de horror constituye lo que llamamos la pirámide de las violaciones a los derechos humanos.

La sintesis que recién presentamos es resultado del esfuerzo de las ONG de derechos humanos de Chile, que durante 17 años crearon y desarrollaron un sistema de información muy completo y que culminó a fines de la dictadura ai crearse la Red de Informática de Derechos Humanos.

Esta cuantiosa información presentada en denuncias ante la justicia nacional e internacional y ante la comunidad internacional y ante la sociedad chilena, constituye un ejemplo de profesionalismo. Esta experiencia es la que nos interesa compartir porque demuestra que en Chile existió una dictadura que tuvo una política oficial y sistemática de violación de la dignidad humana.

2. La ética de los principios, la ética de la responsabilidad y la teoria de lo necesario.

AI elegirse el primer gobierno democrático, al término de la dictadura militar, se planteó un proceso de “transición a la democracia”. En este período debían resolverse los principales problemas heredados de la dictadura militar y alcanzar una democracia efectiva.

La forma de resolver estos problemas era un tema que estaba en el debate nacional desde hacía varios años y las opciones propuestas iban desde las más ingenuas que imaginaban como posible la justicia y castigo de todos los casos de violaciones de los derechos humanos, hasta el olvido y perdón de todo lo ocurrido como precio para permitir el retorno a la democracía.

Cuando Patricio Aylwin asumió el gobierno en 1989, su gran tarea era la transición.

La institucionalidad creada bajo la tutela de Pinochet, garantizaba a sus partidarios una cuota importantísima de poder. En primer lugar controlaba Pinochet, directamente el Ejército y las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, el sistema electoral binominal aseguraba que con sólo el 33% de la votación se podia obtener al 50% de los cargos parlamentarios, lo que se reafirmaba con el control del Senado a través de senadores designados por las instancias de poder favorables a Pinochet. Finalmente, el poder judicial integralmente había respaldado la dictadura y había demostrado que carecía totalmente de vocación de justicia.

En estas circunstancias, las posiciones se definieron en tres polos muy marcados:
– la ética de los principios o las convicciones.
– la ética de la responsabilidad, teñida de “real politik”.
– la teoria de lo necesarío.

La última de estas posiciones no se expresó con claridad, sino que asumió consideraciones prácticas: la justicia había investigado muchos casos sin encontrar responsables, existía una ley de amnistía que debía respetarse, cualquier intento de llevar la justicia más allá implicaba el riesgo de un nuevo pronunciamiento militar. Lo que correspondía era perdonar y olvidar. En última instancia se argumentaba que lo que había ocurrido era una necesidad histórica. Los hechos acaecidos eran el mero efecto del caos que había generado el gobierno socialista de Allende. Las Fuerzas Armadas se habían visto en la necesidad de intervenir para impedir que el caos continuara. Desgraciadamente para restaurar el orden había sido necesario disciplinar la sociedad, pero este disciplinamiento había sido controlado y mínimo, dirigido exclusivamente contra quienes querían continuar con el caos. El desarrollo económîco del país se había logrado sólo aplicando estas medidas necesarias. En sintesis proponían impunidad y olvido.

En realidad nadie expresó coherentemente lo indicado en el párrafo anterior, sino que apareció combinada con declaraciones favorables a la justicia y al orden.

En función del análisis de Max Weber sobre la ética política, el gobierno distinguió a los principios sostenidos por las organizaciones de derechos humanos como una ética de las convicciones o de los principios. En efecto, este movimiento, inspirado fundamentalmente en principios desarrollados en el Derecho Internacional, especificamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la Convención en contra de la Tortura y otros documentos similares, exigía verdad y justicia sosteniendo que: “los que resulten responsables de violaciones a los derechos humanos, deben recibir el castigo social que nuestra sociedad a través de sus organismos judiciales les impondrá” (1). Agregaban que: “la IMPUNIDAD jamás podra ser un argumento para una posible reconciliación” Esta argumentación se fúnda en el texto del jesuíta Martin Baro, asesinado en El Salvador en 1989, que señala que las Fuerzas Armadas que no se aplican a si mismas los principios de justicia aplicables al resto de la sociedad impediría cimentar en la justicia y la honestidad su propia existencia.

Por su parte el gobierno democrático de Aylwin desarrolló una posición distinta de las dos anteriores. Esta ética que se denominó ética de la responsabilidad y se inspira en lo sostenido por Max Weber en su oportunidad y en principios del tomismo y de la doctrina social de la Iglesia Católica Romana.

El argumento central sostenido por el presidente Aylwin fue que, reconociendo la legitimidad de lo sostenido por el movimiento de derechos humanos, el poder político, tenía que medir sus acciones en los efectos que ellas provocan en la sociedad. Se incurría entonces en sostener que si se aplicaban esos principios, la reacción que provocarian en los sectores afectados serían de tal magnitud que provocarían un daño mucho mayor que el daño que se trataba de reparar. El poder político no podía ser irresponsable y preocuparse sólo de la legitimidad de las acciones, de su justicia y bondad intrínseca sino que debía velar por las reacciones que ellas provocarían, en ese balance estaba la única decisión justa del poder.

En consecuencia con esta argumentación el gobierno prometió:
– verdad
– justicia en la medida de lo posible
– reparación
– reconciliación.

Este programa se cumplió -con evidentes limitaciones- en el curso de los años siguientes. Después de 8 años y estando en el segundo gobierno democrático quedaban aún muchos aspectos inconclusos.

3. Verdad y Justicia.

La posicion adoptada por el gobierno democrático, fue considerada como extremadamente débil y se sostuvo que lo que pretendía era el olvido Sin embargo, las instituciones de derechos humanos colaboraron activamente con los organismos que el gobierno creó para enfrentar estos problemas. En efecto estas instituciones aportaron un volumen muy significativo de información que permitió a estas instancias oficiales poder cumplir sus objetivos, ai menos en este plano.

Las instituciones creadas fueron:
– La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, integrada por 8 personas, dos de las cuaies provenian del movimiento de derechos humanos y otros eran abiertos partidarios y justificadores de la dictadura militar.
– La Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, integrada por ex funcionarios de ONGs de derechos humanos.
– La Comisión de Retorno.

Todas estas instituciones tuvieron un carócter transitorio, ya que estaban llamadas a resolver un problema específico.

La forma de resolver los problemas de verdad y justicia fueron encomendados a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, pero paralelamente se realizaron conversaciones de autoridades del gobierno con los militares, aunque estas conversaciones nunca fueron reconocidas y probablemente fueron no oficiales.

3.1 El Informe Rettig y otros documentos.
Las soluciones en materia de verdad y justicia adquirieron un sentido simbólico.

La expresión más precisa fue la eiaboración del “Informe Rettig” producido por la Comisión de Verdad y Reconciliación. En este informe se intenta establecer una verdad oficial opuesta a las explicaciones repetidas durante la dictadura militar. El informe, en un período muy breve, logró reunir la información que había sido acumulada por los organismos de derechos humanos, especialmente de la Vicaria de la Solidaridad y de la Comisión Chilena de Derechos Humanos.

Con este trabajo ya realizado, pero revisando los casos uno a uno, sirvió pava verificar la exactitud de la información acumulada por los organismos de derechos humanos. Una segunda verificación fue en la labor de reparación, en efecto la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, al estudiar, a su vez, caso a caso volvió a verificar los datos.

En este aspecto, la conclusión que debe sacarse es que las ONG de derechos humanos de Chile habian trabajado con mucha rigurosidad y profesionalismo, habiendo creado un sistema de información confiable y efectivo que durante anos acumuló decenas de miles de fichas y carpetas de casos como también un procesamiento informático de las cîfras.

La Comisión Rettig debió asumir, en consecuencia, que toda la información de las ONG de derechos humanos era fidedigna.

Sin embargo, la Comisión centró su preocupación en los temas de las ejecuciones y desapariciones, violaciones a los derechos humanos que son las más graves, sin ninguna duda, pero que dejaban en la penumbra las detenciones arbitrarias, los presos políticos, los allanamientos, amedrentamientos, exiliados y especialmente la tortura.

El Informe Rettig, a nuestro juicio, constituyó un documento histórico, con una gran cuota de verdad, pero determinado por las condiciones históricas de negociación entre el poder militar y el poder político limitado, no se centró en el instrumento esencial de terror de la dictadura de Pinochet.
Algunas de las concesiones de este informe son las de aceptar el concepto de “Violaciones a los derechos humanos cometidas por particulares bajo pretexto político”, lo que nos parece una aberración pues la concepción desarrollada por las ONG de derechos humanos de Chile fue de que estas violaciones sólo podian tener por sujeto al Estado. Las otras violaciones -que sin duda existen- son de otra naturaleza.

Esta debilidad conceptual del Informe Rettig determina que ambas categorias de violaciones son similares y la única diferencia significativa sería su expresión cuantitativa, ya que las que realiza el Estado son masivas.

Para las ONGs de derechos humanos de Chile, según las definiciones establecidas por la Red de Informática de estas instituciones, las violaciones a los derechos humanos se caracterizan esencialmente porque el sujeto de ellas es el Estado o personas que actúan con su protección. Por lo tanto las violaciones a los derechos humanos no pueden ser hechas por particulares.

La tortura que sufre una persona sólo será violación a los derechos humanos si la realiza quien actúa a nombre o con la protección del Estado, como lo señala explícitamente la Convención contra la Tortura.

Esta debilidad del Informe se repita al concebir figuras como “uso indebido de la fuerza” o “abuso de poder” tolerados por la autoridad. Estas figuras erosionan la interpretación histórica de que las violaciones a los derechos humanos fue una política oficial de la dictadura de Pinochet, resultando que muchos casos sólo se deben a “excesos” cometidos por algunas personas.

Sin embargo, el Informe tuvo importancia al revertîr la interpretación oficial de que la represión era una respuesta obligada del gobierno frente a actos de violencia de los opositores. Reconoce el roI de las policias políticas DINA y CNI y les atribuye responsabilidades centrales.

3.2 Justicia en la medida de lo posible.
El Informe Rettig no pretendió ser un informe judicial, pero todas las informaciones reunidas fúeron entregadas ai poder judicial, sin haber producido ningún efecto en el ámbito de la justicia, de manera que el Informe sólo ha sido un registro histórico y de denuncia cuyo objetivo es la verdad y la reivindicación de la dignidad de las victimas, que durante 17 años habían sido calificadas de violentistas, terroristas o extremistas.

La búsqueda de la justicia resultaba una tarea mucho más dificil. Durante los 17 años de dîctadura y los posteriores años de democracia, la judicatura tuvo una actitud institucional de negar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y sus convenciones relacionadas. La doctrina imperante fue la de aplicar formalmente el derecho interno sin reconocer los principios generales del derecho. Así, la judicatura ha aplicado la ley de amnistía, que la misma dictadura dictó y que el gobierno democrático ha debido aceptar.

En estas condiciones, la justicia en la medida de lo posible – expresión usada por el presidente Patricio Aylwin – significó, en la práctica, sancionar solamente al jefe de la DINA (la policía política, autora de una gran parte de las violaciones) y al subjefe.

El procesamiento y condena del general Manuel Contreras y del coronel Espinoza, era además una exigencia de los Estados Unidos, ya que estos individuos no sólo habían cometido las violaciones a los derechos humanos en Chile, sino que habian realizado estos actos en Estados Unidos, Argentina, Italia y México.

El castigo aplicado a estos dos jefes de la represión, fue una medida que milagrosamente fue conveniente a los intereses del gobierno de los Estados Unidos, a los intereses del gobierno chileno y, paradojal mente a los intereses del general Pinochet.

En efecto, Estados Unidos logró que se procesara y condenara a quienes habtan organizado y dirigido et asesînato de Orlando Letelier, ex embajador de Chile en Washington, ocurrido en suelo norteamericano. El gobierno chileno pudo exhibir nacional e internacionalmente un proceso judicial que terminó con sanciones para dos de los principales dirigentes del proceso de violación de los derechos humanos. Para Pinochet, este proceso calzó exactamente con sus intereses, en primer lugar demostró que aceptaba las decisiones de la justicia, en segundo lugar, declaraba que era una sentencia injusta, con lo que se ganaba al ejército y en tercer lugar lograba desplazar la responsabilidad de los crimenes cometidos, apareciendo como gestores y realizadores de dos subordinados y no el principal responsable: Augusto Pinochet.

4. Reconciliación.

Otro de los objetivos fundamentales fue la reconciliación. Este concepto de factura católica significa que las partes que participaron antagónicamente en un conflicto pasado deciden volver a tener relaciones fraternales.

Evidentemente que la reconciliación debiera significar el arrepentimiento del que actuó mal, pero en la lógica mecanicista simplemente significaba olvidar el conflicto, borrar las cuentas impagas, hacer borrón e iniciar una nueva cuenta.

Esta reconciliación, en esencia favorable a los violadores de los derechos humanos, ni siquiera fue acogida por éstos, ya que dentro de su rigidez ideológica justificaban todo lo hecho como una necesidad histórica para llegar al desarrollo económico.

De esta forma la reconciliación empezó fallando, ya que una de las partes la rechazó, mientras que la otra esperaba obras de los que se reconciliarán y sólo recibieron la soberbia del vencedor.

5. Reparación para las víctimas.

En este plano hay realizaciones efectivas aunque muy limitadas y desequilibradas según los casos.

5.1 Ejecutados y detenidos desaparecidos.
Como se ha señalado se intento rescatar su dignidad, reconociendo el rol político no terrorista de los afectados y recalcando su papel de víctimas antes que luchadores.

Se reivindicó su nombre y se crearon monumentos recordatorios, pero esta obra se limitó a monumentos en cementerios y no en la ciudad, de manera que no fue una acción nacional, sino que de los grupos de derechos humanos y partidos políticos afectados.

Las familias de estas víctimas – reconocidas por la Comisión Nacional – no recibieron ninguna indemnización, excepto en el mencionado caso de Orlando Letelier. Sin embargo, se establecieron pensiones para los padres y cónyuges de los ejecutados y detenidos desaparecidos, así como para otros parientes en casos especiales. También se otorgaron becas para los hijos de estas víctimas.

5.2 Exilio Los exiliados que retornaban fueron beneficiados con la exención del pago de impuestos de ciertos bienes que ingresaban al país (automóviles, menaje de casa y equipos profesionales). Ademós fueron beneficiados en su calidad de exonerados, cuando correspondía. Se facilitó el retorno de los exiliados con ayudas de vivienda y otros.

5.3 Exoneraciones.
Los funcionarios del sector público y de algunas empresas que habian sido despedidos por razones políticas recibieron en parte la restitución de las imposiciones previsionales, lo que permitió a muchos de estos exonerados poder jubilar o hacerlo en el futuro.

6. La gran brecha: Los presos políticos y torturados.

Sin embargo, la tortura, principal monstruosidad de la dictadura, no fue incluida como causal de reparacíón. Simplemente se desconoció su existencia y sus efectos (excepto cuando éstos son fisicos y evidentes).

También se eludió el tema de los presos políticos, los que fueron liberados paulatinamente mediante procesos burocráticos y no como una liberación reparadora.

7. Conclusiones: Una solucion débil, reconciliación y soluciones simbólicas.

El proceso de transición a la democracia en Chile ha sido calificado desde distintos puntos de vista:
– Para los sujetos del proceso es “ejemplar” porque fue pacífico, gradual y exitoso, especialmente en lo económico.
– Para los afectados por las violaciones a los derechos humanos ha sido impunidad, ambigüedad y olvido.
– Para algunos analistas ha sido simplemente un mito.

Las realizaciones son claras: se ha recuperado la democracia, pero un nuevo tipo de democracia: protegida. En ella el ejército se atribuye el derecho de intervenir si hay cambios en las bases de la institucionalidad y estas bases son las que garantizan la presencia mayoritaria de quienes ampararon la violación a los derechos humanos.

En Chile, la situación es tan confúsa que un tema de discusión es si la transición ha terminado, mientras que para otros es si ha habido transición.

En cualquier caso, la solución chilena ha sido reemplazar los hechos por los simbolos. En vez de justicia, dos o tres chivos expiatorios, en vez de verdad, una nueva interpretación histórica ubicada en el dorado centro, en vez de reparación, algunas donaciones mínimas en los casos extremos y un par de indemnizaciones ejemplares. Todos son símbolos sin sustancia. Fácil seria decir: justicia total, castigo a los culpables, etc.

Evidentemente que ello no es posible cuando existe un ejército incólume y una derecha fuerte económica e ideológicamente.

8. Otros caminos y perspectivas.

El movimiento de derechos humanos de Chile recibió un extraordinario apoyo de todos los humanistas del mundo y consiguió mantener este apoyo en virtud de que creó uno de los mejores sistemas de información sobre estos temas.

Sin embargo, su capacidad para influir en el proceso de retorno a la democracia fue mínima y se entendió que este proceso era de la competencia de los partidos políticos y éstos, rápidamente olvidaron los principios en función del peso de la “real politik”.

Un autor que analiza este proceso, Tomós Moulian en su libro “Chile: Anatomia de un mito”, considera que el proceso de negociación con los militares para restaurar la democracia fue un error histórico pues el proceso fue a partir de lo que los militares querían y de las concesiones que hacían los políticos democráticos, obsesionados por el deseo de tener el poder, dejaron de lado los principios y no tuvieron escrúpulos en sus concesiones, bajo el supuesto de que con el poder en las manos, podrían profundizar el proceso democrático.

La lección que podemos sacar es que se consiguió el poder, pero este poder no era lo que se pensaba, era un sistema garantizador de lo hecho y que era imposible de cambiar.

No es posible rehacer los procesos sociales, pero hay que aprender de ellos. Lo esencial que debe concluirse es que no puede haber concesiones éticas en los procesos políticos. Con esto quiero decir que los principios de la justicia, la verdad y la reparación no pueden transarse y es preferible no participar en procesos que tengan este fin. Esto puede garantizar que se abran otros procesos posteriores que tengan este sentido.

La segunda conclusión, esta positiva, es la de la importancia de la información, que fue vital en el caso de Chile, como dice Martin Luther King, debemos colocar potentes focos de luz que lleguen a los callejones oscuros donde los policias están golpeando a un detenido o a las mazmorras oscuras donde se tortura a los presos. Esta luz es la información que impide que estos hechos se realicen.

La tercera conclusión es la tarea teórica de desarrollar la Ética como fundamentación de la acción.

En la historia, la ética se desarrolló antes que el derecho y el derecho acogió a veces, principios éticos.

Ahora observamos un desarrollo creciente del derecho, especialmente del derecho internaciona1 en materia de derechos humanos y no hay un desarrollo similar en Ética. Este desfase debe superarse generando una ética que a la vez sea práctica y universal (en el sentido de que afecte a todos los hombres en esta época).

BIBLIOGRAFÍA

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