La Contraloria ¿Baluarte de la probidad?
La Contraloría ¿Baluarte de la probidad?
Patricio Orellana Vargas
(profesor de la Universidad de Chile)
Los culpables son los corruptos.
Es evidente que el culpable es el ladrón y no el policía o el juez que no lo pueden atrapar o castigar. Los culpables son los políticos que se han incorporado al servicio público formando una casta de mandarines privilegiados que por su acceso al poder son una burocracia capaz de manipularlo y permanentemente mejorar su situación en función de una gran producción de ideas, argumentos y explicaciones que exaltan su excelencia y la necesidad de recibir remuneraciones totalmente ajenas a la realidad nacional. Su calidad excelente pregonada, por ejemplo, por el Ministro de Hacienda , no tiene ningún asidero objetivo ¿acaso alguno de ellos rindió algún examen de competencia para entrar al servicio como ocurre con los funcionarios de carrera en Impuestos Internos? Evidentemente que no, entraron por méritos políticos y no técnicos. Como lo ilustra el tratadista norteamericano Sandquist es lo mismo que nombrar como general a un civil que nunca ha tenido preparación militar ni usado uniforme. Aquí se nombra como subsecretario, jefe de servicio, de departamento y hasta de sección a quien no ha tenido ninguna experiencia ni formación para la gestión pública, o si la ha tenido no es el requisito requerido.
Con este párrafo queremos destacar que el foco debe centrarse en los corruptos y hacer efectivas sus responsabilidades . Sin embargo, también es evidente que los organismos fiscalizadores tienen un rol fundamental tanto en lo preventivo como en lo sancionador.
Una estrategia equivocada.
Los gobiernos de la Concertación gozaron de un reconocido prestigio internacional por la tradición de austeridad y probidad pública. Estas calificaciones fomentaron un clima de complacencia tal que se llegó a creer que era algo asegurado permanentemente. El presidente Frei Ruiz Tagle creó una Comisión de Ética Pública integrada por grandes burócratas y miembros de la clase política que propuso una serie de medidas para fortalecer la probidad. Estas medidas se expresaron finalmente en tres realizaciones:
-la ley de probidad y transparencia -el sistema de auditorias internas. -la destinación de 25 millones de dólares para la modernización de la Contraloría General de la República
La ley mencionada la hemos comentado en otro artículo y la hemos definido como una mala ley porque fue el triunfo del relativismo ético y se rompió con la tradición de la ética de los principios que estaba expresada en el Estatuto Administrativo y creó un marco favorable para justificar cualquier acto corrupto en función de los intereses de la burocracia.
El sistema de auditorías internas consistió en la creación de una inmensa arboladura organizacional: el CAIGG (Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno) asesora directa del Presidente de la República, la Secretaría Técnica, los Auditores Ministeriales (una unidad en cada Ministerio); el comité de Auditoría Ministerial (uno en cada Ministerio) y finalmente, la Auditoría Interna del Servicio Público o empresa del Estado (una unidad en cada institución). La finalidad de esta inmensa máquina burocrática consiste en “el fortalecimiento de la gestión de las entidades públicas para salvaguarda de los recursos que se les ha asignado”.
En la práctica toda esta estructura fue establecida como correspondencia del control externo ejercido por la Contraloría General de la República y tenía la tarea pragmática de justificar los gastos. Es evidente que fue muy exitosa porque realmente fue innovadora estimulando los sobresueldos clandestinos, los sobresueldos a través de honorarios, la externacionalización o subcontratación, creando organismos fantasmas que recibían dineros del Ministerio para pagarlos como sobresueldos a los jerarcas del mismo o inventando justificaciones para nuevos honorarios, todo ello, normalmente aceptado por la Contarloría o no cuestionado por esta institución.
Finalmente la Contraloría General de la República, que goza de un inmenso prestigio nacional e internacional, pero cuya característica esencial ha sido la sumisión al gobierno de turno y la aceptación de malas prácticas administrativas bajo la justificación de los recursos escasos, la falta de potestades y además de los “malos sueldos” que ganan sus directivos. (La única excepción significativa es la de un ex Contralor que no aceptó un decreto de la Dictadura y fue reemplazado en 24 horas, sin ningún reclamo de la institución.)
Estas tres medidas, que suponían garantizar la probidad a través de leyes y un doble control, han fracasado estrepitosamente, aunque nadie lo reconoce. Hay que juzgar por los resultados: nunca en la historia republicana de Chile había habido casos tan graves de corrupción como para que se exigiera el desafuero de 5 diputados de todos los partidos de gobierno.
Creemos que este fracaso se debe a que impidió la participación de los sectores más importantes: los trabajadores del Estado y sus organizaciones, los usuarios y los colegios profesionales. Se optó por soluciones tecnocráticas y se olvidó la necesidad de formular una política de probidad basada en principios, como se ha hecho en países donde ha habido cambios trascendentales en materias de probidad como en Singapur, Hong Kong y Estados Unidos.
La intención de este artículo es analizar la modernización de la Contraloría, institución que históricamente ha sido intocable. Pero en democracia se puede criticar hasta lo intocable.
El rol de la Contraloría.
En América Latina, en las primeras décadas del siglo XX los Estados Unidos crearon las “Contralorías”, institución que tiene muy poca semejanza con los sistemas de control que se desarrollaban en Estrados Unidos y Europa. Estas instituciones tienen como objetivo central el combate y la limitación de la corrupción. Hoy conforman una red: la OLACEFS que se preocupa del intercambio de experiencias y colaboración entre ellas y en sus reuniones unas a otras se gratifican por la labor realizada.
Pero América Latina es un vasto lodazal de corrupción. La corrupción está generalizada en casi todos los países. ¿Tendrá alguna responsabilidad la organización creada para combatir la corrupción? En Chile la misión de la Contraloría General de la República (CGR) es “la preservación y fortalecimiento de la probidad administrativa y la fidelidad y transparencia de la información financiera” según la doctrina institucional de la CGR Lo menos que se puede decir es que esta gran institución ha fracasado en América Latina, y ahora se muestra también su fracaso en Chile, pues no ha cumplido su objetivo primordial, sin que ello signifique, como lo recalcamos inicialmente, que sea la causa y la responsable total de la corrupción administrativa y política.
La complacencia con la corrupción limitada. En Chile, las autoridades se han vanagloriado de ser el país más probo de la región, aunque nuestra interpretación ha sido de que sólo es el menos corrupto. Esta complacencia ha sido el factor más favorable para la expansión y generalización de la corrupción. Al aceptar que se es el país menos corrupto, y se muestra como un caso espectacular, implica aceptar que hay corrupción y que ella es limitada. Pero la corrupción no es un fenómeno estático, por eso se la define como el cáncer social más grave que existe. Cómo el cáncer, se desarrolla silenciosamente, sin síntomas y cuando se manifiesta ya es incurable. De ahí la importancia de la prevención.
Hace varios años calificamos a la corrupción chilena como sui generis, era “una corrupción de acuerdo a las normas”, consistía en desviar el sentido de los honorarios, de las indemnizaciones, de las asesorías, de los estímulos especiales que podían crearse conforme a normas existentes. El descubrimiento del sistema de indemnizaciones a todo evento para los ejecutivos de las empresas públicas demostró que éstos al disponer del poder en sus empresas, habían creado un sistema de estímulos materiales casi increíbles: altas remuneraciones, bonos de productividad, becas para los hijos, financiamiento de estudios de posgrado, choferes y vehículos provistos por la empresa, sistemas de préstamos casi sin intereses para comprar casas o autos, vacaciones pagadas extensas y hasta viajes al extranjero a visitas técnicas y seminarios, que muchas veces eran simples vacaciones pagadas e indemnizaciones gigantescas, incluso cuando se trataba de renuncias voluntarias.
La burocracia de los servicios públicos, amparándose en la ley de Probidad y Transparencia y en la doctrina administrativa Feliu , utilizaba los honorarios para pagarse sobresueldos que figuraban como asesorías a su propio servicio o a otros. Además se había generalizado el uso de los fondos reservados para pagarse remuneraciones adicionales, hasta llegar a expresiones de suma creatividad como celebrar contratos de asesorías con empresa privadas, las que incorporaban en su nómina como consultores a los mismos funcionarios que habían autorizado esas asesorías. Pero como el cáncer, estos síntomas, conocidos por todos, no eran objeto de preocupación de las autoridades ni de la Contraloría. Finalmente, la ambición rompió el saco y con el objeto de mejorar sus “menguadas” remuneraciones se descubrió el caso coimas que configura hechos delictuales propiamente tales. El cáncer ya se expresaba en pústulas a la vista de todos.
Pasividad y denuncia frente a la corrupción. Este proceso lo vivimos todos los chilenos, la mayoría indiferentes y las autoridades complacientes seguían en una espiral de explicaciones. Los únicos que asumieron una actitud de denuncia fueron las asociaciones de funcionarios. El escándalo de las indemnizaciones fue denunciado por el sindicato de trabajadores de Correos a todos los niveles, los que fueron sordos, hasta llegar a la opinión pública. La corrupción generalizada en la Subsecretaría de Transportes y en el Ministerio de Obras Públicas fue denunciada por la asociación de funcionarios de la mencionada Subsecretaría.
Esta situación demostraba, una vez mas, que la mejor fiscalización es la que realiza la sociedad civil a través del control social. Sin embargo, en el caso de Correos, la Directora amenazó terriblemente a los funcionarios si denunciaban esos hechos y les exigió “lealtad” con la empresa. Después, cuando fue removida del cargo, aseveró que ella había sido quien denunció esta situación. Como cualquier otro miembro de la burocracia, había sido designada en el cargo, no a través de algún concurso, sino por su capacidad política: era la esposa del vicepresidente de un Partido de gobierno que actualmente está procesado por coimas.
Este desarrollo de la corrupción que se desplegó ante los ojos del país ¿Qué dijo e hizo la Contraloría?
Sólo después de divulgarse el caso de las indemnizaciones a todo evento, el Contralor declaró ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados que la Contraloría lo sabía todo (¡Cómo no iba a saberlo si había recibido denuncias de numerosas asociaciones de funcionarios y sindicatos¡). Agrego que la Contraloría no podía hacer nada, porque carecía de atribuciones y recursos, excepto hacer recomendaciones que no eran escuchadas. Para hacer estas declaraciones había algunas bases. La Contraloría había tenido una disminución del 8,8% de su presupuesto. En efecto, en 1999 le habían sido asignados $13.239.071.000 pero para el año 2000 esta suma alcanzaba sólo a los $12.066.906.000 dado que el gobierno había disminuido el gasto de los 24 servicios de control a sólo el 3,3% del gasto fiscal.
Cuando se descubre el caso coimas y empiezan a surgir muchos otros casos de corrupción, la Contraloría reitera su planteamiento. No puede hacer mucho, sin nuevas potestades y nuevos y abundantes recursos. El conocimiento de los niveles de corrupción son conocidos para la Contraloría. El Contralor señaló en su oportunidad que “los vicios más frecuentes de los chilenos eran: Adquisiciones, propuestas públicas que, muchas veces de públicas sólo tienen el nombre, contrataciones, fijaciones de renta, como el de las indemnizaciones” y agrega “?se despilfarran recursos, la falta de celo en la ejecución presupuestaria y el incumplimiento de horario. Hospitales públicos que muchas veces hacen operaciones particulares en las horas que deben atender al público? En todas estas cosas se atenta contra la probidad.”
En el caso coimas, el más grave de la historia de la probidad en Chile, la Contraloría reacciona sólo a posteriori. Cuando el escándalo está en toda la prensa, la Contraloría empieza a hacer sumarios en contra de algunos de los afectados y el caso GATE, empresa fantasma que sólo tenía un propietario y una secretaria y ganaba todas las licitaciones de outsoursing y pagaba, posteriormente a los mismos funcionarios que la habían autoriozado empieza a ser investigado, despues de 4 años de llevar adelante esa práctica. El juez Aránguiz, ajeno a la Contarloría y como miembro del poder judicial es quien ordena la detención de los afectados y solicita los desafueros de los diputados involucrados hasta llegar al ex Ministro de Obras Públicas. La Contraloría aparece como un organismo totalmente sorprendido de los hechos que a ella le corresponde comenzar a investigar.
El hoyo negro.
La explicación de la Contraloría ha sido reiterativa durante los últimos años, siempre, ante cualquier cuestionamiento, los altos funcionarios de la Contraloría claman por mayores potestades y recursos, eso es lo que le impide actuar.
La costumbre de toda burocracia al ser cuestionada es reclamar por más recursos y mayores competencias. Jamás reconocerán su ineficiencia, si ésta es una causa central. El Contralor de la época del escándalo de las indemnizaciones reclama que se apruebe la nueva ley de la Contraloría, lo mismo exige el actual Contralor. Para ellos la ley resuelve los problemas junto con nuevos y mayores recursos.
La respuesta automática e inmediata de cualquier administrador cuya institución sea calificada de incompetente o ineficiente, como se ha visto en Chile en los casos de la salud, la educación o el agro es decir que todo se resuelve con más recursos. Esto es cierto en muchos casos, pero no siempre es una verdad automática. La Contraloría chilena tiene 1.450 funcionarios, hay países como Holanda, que tiene un alto grado de eficiencia en el control y sólo tiene 350 funcionarios en esa función, para un país mucho más complejo y desarrollado que Chile y de una dimensión demográfica similar.
Si se pretende destinar más y más recursos a la fiscalización y el control es como abrir un hoyo negro que podrá tragarse el universo completo.
Quince millones de dólares más diez.
Sin embargo, las peticiones de la Contraloría han sido escuchadas y se le han otorgado 15 millones de dólares para incorporar las técnicas y prácticas internacionales de control del siglo XXI y llevar a cabo la modernización institucional. Estos fondos provienen del Banco Interamericano de Desarrollo. Se ha cumplido el requisito para que la Contraloría efectivamente sea el baluarte de la probidad en Chile. Además el gobierno se comprometió en aportar otros 10 millones de dólares. En consecuencia será el caso de modernización de un servicio chileno con un caudal máximo de recursos.
La primera fase de este programa de modernización consistió en el diagnóstico, para lo cual se hizo una licitación con universidades, de entre las cuales fue seleccionada la Universidad Diego Portales, la que encomendó el trabajo a la empresa consultora INVERTEC de Mario Waissbluth y otros individuos vinculados al gobierno, como Rodrigo Egaña, quien recientemente había renunciado como secretario Ejecutivo del Comité de Modernización del Estado por tener la oposición de los gremios de funcionarios, de manera que la tarea encomendada a una Universidad cayó en manos de una empresa privada, lo que distorsiona el sentido de la licitación, ya que se había optado por universidades, por algún criterio que privilegiara a instituciones sin fines de lucro.
Dos concepciones de Contraloría.
Opinar respecto de una institución tan prestigiada y al mismo tiempo criticada es tarea difícil en especial cuando quien la hace no la conoce profundamente porque nunca ha trabajado en ella, pero es un tema de profundo interés habiendo participado en varios seminarios sobre “la Contraloría que necesitamos” y similares, en los que se reconocía que la CGR no es sólo de los funcionarios, sino de todo el país, por lo cual los interesados tenían pleno derecho a opinar. En función de esos criterios aceptados es que me permito verter algunas opiniones.
La CGR es una institución que tiene múltiples funciones: la fiscalización del gasto público, la contabilidad de la nación y la administración del personal público. Son funciones diversas y a veces antagónicas, pues, por ejemplo la auditoría (Fiscalización) en este caso y la contabilidad son llevados por organismo separados en todo el mundo siguiendo la tradición del sector privado. Lo mismo ocurre con la Administración de Personal y la vigilancia que le corresponde a la CGR respecto de los funcionarios. Además de ello la CGR ha desarrollado la función capacitación (que es una buena fuente de ingresos adicionales), la que también debe estar separada de la fiscalización porque un contrato de capacitación establece vínculos que limitan la independencia del organismo fiscalizador. Finalmente, y lo esencial es que la fiscalización de la CGR es esencialmente legal y formal no abarcando lo esencial, que es el control de gestión, tema en permanente debate y que no ha logrado definirse.
El Banco Interamericano de Desarrollo califica a la Contraloría como una institución “que posee una cultura formalista pero efectiva para dar cumplimiento a los preceptos constitucionales que definen su mandato demostrado por los bajos índices de corrupción relativos” . Esta apreciación se hizo antes de la grave crisis ética que generó el caso coimas. Nuestra versión ahora es que esta cultura formalista es la que ha permitido el desarrollo soterrado de la corrupción y que es imprescindible cambiarla para enfrentar este cáncer social.
De estos elementos se puede concluir que hay dos aspectos esenciales en cualquier proyecto de modernización: excluir funciones contradictorias y cambiar la cultura institucional. Sin embargo, la práctica demuestra que las autoridades de la Contraloría no aceptan eliminar funciones, porque están fundadas en disposiciones constitucionales (que consideran imposibles de cambiar) y menos cambiar la cultura formalista, ya que es la esencia de la formación jurídica de sus principales directivos.
La actitud frente a la modernización es, entonces, totalmente evolutiva, sin quiebres profundos. Es decir, rechazan a priori cualquier intento de reingeniería o de reinvención de la CGR. Solo quieren cambiar algunas cosas que evidente están mal y otras de carácter corporativo que representa intereses de los grupos directivos.
En efecto, el informe elaborado por INVERTEC propone intervenir en los aspectos mencionados, pero la reacción de las autoridades de la Contraloría ha sido adversa.
Cultura formalista.
La cultura formalista de la CGR tiene las siguientes características, a nuestro juicio:
-Predominio del formalismo legal
-Secreto y reserva de las actuaciones –
Jerarquización excesiva y escasa participación –
Gerontocracia
-Importancia creciente del corporativismo y los privilegios
El predominio del formalismo legal por sobre las nuevas técnicas de auditoría y control deviene de la naturaleza de su misión definida así: “Garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico, la protección y el debido uso del patrimonio público”. Esta concepción ha permitido formar a través del tiempo el mejor equipo de abogados expertos en derecho administrativo, alcanzando un nivel de excelencia. Esta ventaja ha tenido algunos efectos negativos: privilegiar el sentido formal de los actos administrativos, descuidando el fin mismo de ellos.
El secreto y reserva establece estancos entre las distintas unidades, ya que todo es reservado y nada puede ser público. La Contraloría tiene una sola voz y la información es privilegiada. La actual ley de Probidad y Transparencia ha fortalecido estos criterios de la Contraloría, pues predomina la protección de la privacidad por sobre el concepto de publicidad, resultando el absurdo de que el gasto público? es privado o secreto cuando se refiere a personas ¿Hay gasto público que no se refiera a personas? El gasto público es público, es decir transparente a la comunidad sólo cuando se refiere a sumas globales. Por ejemplo se puede saber cuanto se gasta en remuneraciones en el servicio X pero no puedo saber si el señor Y tiene sueldos, honorarios, asignaciones especiales y otras. Resulta entonces un manto protector a la corrupción. El criterio opuesto, es decir desarrollar la doctrina de que el gasto público es siempre público y transparente, excepto contados gastos reservados, no ha sido tema de interés de la Contraloría. El autor de estas notas pidió información respecto de un sumario administrativo cerrado y se le negó el acceso porque en él figuraban nombres de personas.
Esto resulta increíble porque cualquier ciudadano tiene derecho a ver la documentación de un proceso cerrado en todos los Tribunales del país. Cabe destacar que el éxito del Ombudsman en los países nórdicos y anglosajones se ha debido, principalmente en el hecho de que periódicamente se da cuenta a la opinión pública y la prensa sea el principal apoyo del mencionado Ombudsman. En Chile se considera de buen tono que el Contralor sólo hable públicamente en circunstancias excepcionales. No hay una doctrina de transparencia, excepto referencias vagas en la misión.
La jeraquización excesiva deviene de la causa mencionada antes: la CGR debe funcionar a través de normas, instrucciones y órdenes que tienden a regular toda la actuación de sus funcionarios, los que deben acatar rigurosamente todos los formalismos establecidos, lo que impide la creatividad y los aportes y especialmente la aplicación de nuevas técnicas. La estructura jerárquica rigurosa con poderes concentrados en la cúspide va en contra de todas las orientaciones modernas de participación, aplanamiento y empowerment. Como el mismo BID reconoce en sus informes, en forma muy delicada.
La gerontocracia es resultado de la excelencia formal. Para alcanzar los altos cargos se privilegia la antigüedad y no el mérito, resultando que los altos cargos conforman un grupo de personas mayores, que corresponden a generaciones pre-informáticas. Esto lleva ineludiblemente a contradicciones con las personas jóvenes que ingresan con formaciones modernas, aunque simultáneamente, al no existir edad límite en el servicio, los jefes no se jubilan (El Contralor es el único que tiene la obligación de jubilar a los 75 años) y permanecen indefinidamente en el servicio, impidiendo la renovación de los directivos.
El corporativismo se expresa en el desarrollo de un fuerte espíritu de cuerpo de todos los miembros de la Contraloría, basado en el prestigio adquirido, el poder que ejercen y las remuneraciones que reciben, las que aunque son motivo de permanente queja significan que están en el escalón de fiscalizadores, que son los que tienen las remuneraciones más altas de la Administración Pública central. Este espíritu de cuerpo es asumido plenamente por el Contralor (cualquiera que ocupe el cargo) y permanentemente se presiona para mejorar las condiciones del personal y en forma especial se proponen diversos mecanismos para establecer jubilaciones de privilegio que alienten el retiro. Estas presiones al no tener éxito (porque el Ministerio de Hacienda opina que establecer pensiones de privilegio a los jefes de la Contraloría acarrearía una secuela de peticiones similares de los otros 24 organismos fiscalizadores.) crea una situación de espera, bajo la esperanza de que algo se conseguirá, de manera que refuerza la intención de los funcionarios de la tercera edad en no jubilar
Las horas grises.
Los privilegios no se limitan al reconocimiento de la jerarquía, sino que también traspasa los limites de la probidad. Como hemos señalado, la excelencia de muchos profesionales de la Contraloría en sus materias, especialmente en Derecho Administrativo y Técnicas de Control ha determinado que tradicionalmente muchos de ellos dicten clases en universidades. Este fenómeno se justificaba en las bajas remuneraciones y en el efectivo aporte que estos profesionales hacían a las universidades. Este problema de pluriempleo se ha ido agravando cada vez más, si se empezaba haciendo 4 horas de clases semanales no era difícil ir subiendo a 8, 12, o más y hasta se llegaba al extremo de que algunos de estos funcionarios-docentes eran designados como directores de escuelas universitarias, lo que realmente exigía dedicación exclusiva en las dos ocupaciones. Si bien los funcionarios públicos pueden hacer un número limitado de horas de clases, es bien claro que deben ser fuera de las horas de trabajo o bien siendo reemplazadas, en ambos casos con previa autorización. Este fenómeno que he denominado “las horas grises” las he descrito como un tipo de corrupción, vigente no sólo en la Contraloría sino que en muchos servicios públicos y se ha ampliado a las asesorías y actualmente un número muy grande de funcionarios son “superfuncionarios” ya que son capaces de cumplir dos o más jornadas de trabajo simultáneas. Es el pluriempleo, típico de la corrupción mexicana, que ya se ha nacionalizado en Chile. La Contraloría, o más bien sus fiscalizadores están totalmente inhibidos de parar esta corrupción porque si exigieran el cumplimiento de los horarios los afectados responderían ¿Y por qué en la Contraloría se aceptan?.
También es cuestionable la función de capacitación, ya que las clases son dictadas por funcionarios de la Contraloría, descuidando sus labores de fiscalización y probablemente recibiendo dos remuneraciones si las clases son hechas sobrepuestas a la jornada de trabajo.
Este tipo de corrupción gris o solapada, que actualmente parece empezar a corregirse en la Contraloría es resultado de la ausencia de una doctrina clara de probidad, se ha aceptado un eclecticismo ambiguo que ampara el eticismo relativo, lo que debilita cualquiera exigencia que se pueda hacer a los servicios. Ademáse en un país con altas tasas de cesantía, el pluriempleo significa reducir el número de personas empleadas mediante la concentración de las ocupaciones en pocas personas múltiples.
Los obstáculos a la modernización.
En estas condiciones, la cultura institucional es uno de los temas que debe incluirse como asunto central en la modernización y naturalmente no es apreciado de esta forma por los directivos de la Contraloría.
El proyecto de modernización del BID, a instancia de los directivos de la Contraloría incluye la gestión de los recursos humanos. Este es el tema central para ellos pues incluye “un programa que incentive el retiro de funcionarios que haya cumplido con la edad legal para acceder a la jubilación”, lo que en la práctica estimula a otros a no dejar la Contraloría porque se volverán a repetir estos privilegios que no hay que perder, Entonces el efecto es estimular a que los mayores se queden indefinidamente a la espera de nuevos privilegios futuros. En Argentina estas jubilaciones de Privilegios son una muestra importante de la corrupción y son considerada la forma más irritante de la burocracia de colocarse sobre los derechos de la población, constituyendo un grupo privilegiado en estas materias pero denigrado socialmente por auto estimularse económicamente. El proyecto del B.I.D., además de estimular el privilegio mencionado considera “las mejoras en las condiciones de trabajo en función de la productividad y desarrollo de políticas de bienestar así como el diseño de una nueva planta” (lo que en Chile significa mejoramiento de sueldos). Sin embargo, hay que reconocer que el BID “sólo” asigna 3,9 millones de dólares a la gestión de recursos humanos mientras que a la modernización de los sistemas de información y comunicaciones aporta con 9,2 millones de dólares.
El BID tiene la esperanza de que “La resistencia al cambio para adoptar nuevos y más modernos procesos y procedimientos de gestión, constituyen un riesgo potencial para el éxito de proyectos como el que se propone. Este riesgo será mitigado por el liderazgo y compromiso constatado a nivel de los mandos medios y autoridades superiores de la CGR?”
Conclusiones.
Si aceptamos que la misión de la Contraloría es alcanzar y velar por la probidad pública, el diagnóstico del BID era errado al destacar que en Chile la corrupción relativa era mínima. La corrupción es la amenaza más grande para el desarrollo de los pueblos que afecta a América Latina según monseñor Oscar Rodríguez, presidente del CELAM y en Chile el presidente Ricardo Lagos ha reconocido que la corrupción destapada con el caso coimas es la crisis más grave que ha debido enfrentar el gobierno. Sin embargo, esta situación hace más urgente que nunca la modernización de la Contraloría General de la República, pero como dice el principal consultor del proyecto de modernización de la CGR se “puede caer en la tentación de darle estas atribuciones a nuestra Contraloría, tal y como está concebida hoy. Eso sería un craso error, pues se requiere de una institución totalmente renovada, ampliada en sus facultades constitucionales y sobre todo con competencias adicionales y actitudes diferentes respecto da la evaluación de la función pública”.
En nuestro concepto las tareas son: primero definir una doctrina ética y principios orientadores eliminando toda la cultura permisiva y buscadora de privilegios; en segundo lugar, colocar en el plano principal la transparencia; en tercer lugar, focalizar la fiscalización en los resultados y desprenderse de funciones que entorpecen la acción . Ello sólo es posible abriendo paso a las nuevas técnicas, a la participación y al control de los grupos de presión internos que confunden los fines de una Contraloría con sus intereses corporativos.
La Contraloría tiene un logo muy hermoso, es una señora sentada, vestida a la romana, con unos inmensos libros (contable o de derecho), que mira con confianza el futuro. Ahora requerimos que esta señora se ponga de pie y sea una joven que reemplace el libro antiguo por el computador y los libros contables y de derecho por principios éticos y tecnicos que hagan efectiva la probidad pública, empezando por la propia casa.
BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA
Margarita Aránguiz: Sistema de control interno en la Administración Pública, en revista virtual AGORA, diciembre 2002, colegioap.cl.
Mario Waissbluth, Un organismo para el siglo XXI, en LA TERCERA, 8 de mayo del 2001
Contraloría General de la República, ¿Qué Contraloría General de la República necesita el Chile de hoy y del futuro? en REVISTA CHILENA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Nº 9.
Comisión Nacional de Ética Pública, Ética Pública: probidad, transparencia y responsabilidad al servicio de los ciudadanos, en REVISTA CHILENA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Nº 2.
Luz María Astorga, La disyuntiva de Aylwin, balance en rojo para la Contraloría , entrevista don Arturo Aylwin Azócar, Contralor General de la República, en EL MERCURIO del 6 de mayo del 2001.
Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Modernización de la Contraloría General de la República, Proyecto CH-0170, 30 de julio de 2001.
Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Modernización de la Contraloría General de la República, Proyecto CH-0170, 30 de julio de 2001. Resumen Ejecutivo.