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EL TRIÁNGULO PERVERSO

Patricio Orellana Vargas

Treinta años después.
Ya se van a cumplir 30 años del golpe militar que el 11 de septiembre de 1973 estableció una dictadura militar en Chile y que duró casi 18 años. Esta dictadura encabezada por Augusto Pinochet dejó como principal legado un cúmulo de violaciones a los derechos humanos que aún no se resuelven.

Para unos -los que realizaron o respaldaron estas violaciones- hay que terminar con este capítulo de la historia de Chile que lleva tanto tiempo abierto y pensar en el futuro. El futuro debe ser la preocupación de la nación, para lo cual, lo esencial es el olvido y la impunidad.

Para otros, especialmente los familiares de las víctimas y los propios afectados, la solución es verdad, reparación y justicia.

Entre esas alternativas, la sociedad debate entre distintas posiciones y ahora existe un ánimo psicológico de carácter nacional proveniente de todos los sectores de que no es posible seguir con esta herida abierta permanentemente.

Los horrores y errores de la doctrina de seguridad nacional.
La violación masiva de los derechos humanos, que según cuantificaciones de los organismos de derechos humanos, ratificados en algunos casos por instituciones oficiales alcanzó a 3.000 ejecuciones sin juicio y 1.300 casos de detenidos desaparecidos.

Estas violaciones a los derechos humanos son las que aún causan el dolor a las familias, y la preocupación de casi toda la sociedad. Hay otras que ya han entrado al campo del olvido. Según los antecedentes de las ONGs de derechos humanos de Chile, durante la dictadura de Pinochet, en un periodo de 17 años, en un país con doce millones de habitantes, se sometió a tortura a 114.000 personas,. Se realizaron 483.000 allanamientos de viviendas que afectaron a 1.200.000 personas, se detuvo arbitrariamente por cortos periodos a 3.250.000 personas y se amedrentó a 2.100.000 personas y 143.000 permanecieron en prisión y fueron procesados. Según los informes de los organismos de derechos humanos, posteriormente cotejados con los controles policiales, 247.000 chilenos se exiliaron o fueron expulsados del país. Cientos de miles fueron despedidos o exonerados de sus trabajos por razones políticas.

El centro de toda esta política de represión fue la tortura, pues la doctrina de seguridad nacional reconocía que la información era vital para derrotar a los opositores y la forma rápida y segura para obtenerla era la tortura, como lo reconoció Pinochet ante el obispo Ariztía de la Iglesia Católica y el obispo Helmut Frenz de la Iglesia Luterana.

El aparato represivo que aplicaba selectivamente los instrumentos de la represión, siempre tuvo preocupación por el efecto futuro de la aplicación de estos instrumentos cuantificados más arriba. Se presumió que sería fácil que la conciencia social los olvidara o quedaran en una total confusión. Es por eso que emplearon las ejecuciones que explicaban como enfrentamientos, aunque se probó que eran falsos enfrentamientos y en la desaparición forzada de personas durante décadas argumentaron que eran las desapariciones normales que ocurren en todos los países, después argumentaron que eran personas que habían salido del país y finalmente crearon la figura de los “supuestos desaparecidos”. La tortura la negaron absolutamente, excepto el mencionado exabrupto de Pinochet.

En general, la DINA y la CNI tuvieron éxito en este ocultamiento, pocos se acuerdan de los presos políticos, menos de los torturados y ya no revisten importancia las aprehensiones arbitrarias, la prisión por motivos políticos, los amedrentamientos, allanamientos, exoneraciones y exilios. Sin embargo, fracasaron en lo relativo a los detenidos desaparecidos y en menor medida en los casos de ejecutados.

La razón de este fracaso es porque estas modalidades represivas dejaban pendientes los reclamos de los familiares y la familia es una institución que tiene aún gran solidez en la sociedad chilena.

La heroica lucha de los familiares de los detenidos desaparecidos.
Los familiares de los detenidos desaparecidos y, en menor medida, los de los ejecutados, mantuvieron una lucha homérica. Homérica porque fue gigantesca en contra de los mitos inventados por la dictadura y las ambigüedades y debilidades de la democracia y homérica porque ya lleva 30 años de continuo batallar en una sociedad casi indiferente.

Esta lucha es la que ha mantenido la vigencia del reclamo por las violaciones a los derechos humanos y es la que ha obligado a la sociedad y en alguna medida a las autoridades y en menor medida a los violadores de los derechos humanos mantener preocupación por estos hechos.

La negación y el rechazo de los violadores.
Los violadores de los derechos humanos mantuvieron un contumaz rechazo a estos hechos y los negaron recurriendo a toda clase de argumentos: el primero fue el de ridiculizarlos y negarlos; a continuación fue el de declarar que fueron necesarios y estaban justificados para disciplinar a lo sociedad; después ya no pudieron negarlos y los aceptaron como posibles pero como excesos aislados. Finalmente se atrincheraron en que era necesario establecer la verdad judicial y que había que esperar las sentencias judiciales y el desvío judicial condujo los casos a procesos sin fin. Finalmente, los principales actores y ejecutores, los mandos militares, argumentaron que no tenían información y que era absurdo acordarse de hechos ocurridos- si es que habían ocurrido-veinte o treinta años atrás. Nos encontrábamos frente al primer caso de un ejército que no tiene información, cuando la doctrina se seguridad nacional señalaba que la información era esencial y como lo ratifica toda la doctrina militar moderna. Esta es la última trinchera de los autores materiales e intelectuales de las violaciones a los derechos humanos.

La justicia tarda pero no llega.
Existe el dicho casi universal de que “la justicia tarda pero llega”. En Chile tarda mucho, es más que el proceso kafkiano y finalmente no llega. La evidencia histórica es que en Chile más del 90% de los procesos no termina nunca, sólo finalizan los casos criminales comunes importantes y aquellos en los que intervienen los bancos. En los procesos por violaciones a los derechos humanos, los tribunales tenían especial interés en tramitarlos indefinidamente porque el Poder Judicial fue el aval que legitimó a la dictadura militar apenas se produjo el golpe y todos los miembros de la Corte Suprema y sus clones posteriores fueron convencidos partidarios de la dictadura militar. De manera que la justicia ha jugado, en general, el rol de legitimar la violación a los derechos humanos: en una primera etapa al negar los recursos de amparo. posteriormente al aplicar la ley de Amnistía que dictó Pinochet y, finalmente, a tramitar indefinidamente los procesos.

Actualmente, después de 20 o 30 años de tramitaciones judiciales, los casos de violaciones a los derechos humanos se encuentran amnistiados, cerrados definitivamente o temporalmente. Sólo unos pocos se mantiene vigentes y hasta ahora sólo tres o cuatro militares condenados han cumplido penas de cárcel y en el caso del General Contreras, jefe del aparato represivo y directamente dependiente de Pinochet, cumplió una corta condena, debido, probablemente a que Estados Unidos estaba directamente interesado ya que había llegado a cometer crímenes en la misma capital de los Estados Unidos. Ahora Contreras goza de libertad pues los procesos pendientes? siguen pendientes.

Sin embargo, ha habido casos de jueces que han logrado algunos avances, entre múltiples dificultades, mientras que otros los han detenido indefinidamente. Un caso ilustrativo es el del asesinato del dirigente sindical Tucapel Jiménez, un juez no avanzó nada en 10 años y otro lo resolvió en un par de meses. En otros casos ha habido avances a pesar de los jueces y gracias a la perseverancia de los abogados de derechos humanos.

Los casos actuales son muy pocos, en relación a la cantidad de víctimas y procesos iniciados.

CUADRO Nº 1
Militares procesados y condenados
En casos de violaciones a los derechos humanos
Junio del 2003

Fuente: EL MERCURIO del 14 de junio de 2003 con
modificaciones del autor.
Notas: * Incluye un general cuya extradición de Argentina está en proceso y a cuatro empleados civiles de la Fuerza Aérea.
**Incluye cuatro oficiales que están siendo procesados simultáneamente en otros casos y los condenados lo son en primera, segunda instancia y a firme.

Actualmente sólo hay cinco militares condenados que deberían estar encarcelados.
Hay muchos otros casos de personas que fueron procesadas, pero ya están fallecidos (por causas naturales), ya que los hechos ocurrieron varias décadas atrás. En general los procesados están en libertad condicional o están detenidos en unidades militares, donde las restricciones a la libertad son muy flexibles.

Justicia y reparación o impunidad y olvido.

Ha transcurrido tanto tiempo que hay un cansancio notorio en la sociedad chilena por la prolongación de esta situación de violación a los derechos humanos.
Por una parte los militares han exigido olvido por el bien de la patria, han sostenido que nada saben y que hay que esperar la verdad judicial. Los partidos de derecha, que fueron el sustento político de la política de violaciones a los derechos humanos, han reiterado que la preocupación debe centrarse en el futuro y no seguir escarbando las heridas del pasado.

Los familiares de los detenidos desaparecidos y algunas otras organizaciones de derechos humanos, ya muy debilitadas, han exigido la justicia, la verdad y la reparación.
El único apoyo que han tenido estas organizaciones es el Partido Comunista, que ahora tiene escasa significación en Chile y algunos políticos de izquierda individualmente.
A pesar de su debilidad orgánica, estas instituciones tienen un peso moral enorme y son respetadas por toda la sociedad.

La política de la Concertación.

La Concertación ha sido un gran fraude en materia de derechos humanos. El restablecimiento de estos derechos ha sido su logro central, pero han tenido una incapacidad casi absoluta para resolver el problema del pasado y han inventado algunos placebos para engañar a los familiares. Esta actitud no es una posición deliberada, al contrario, permanentemente ratifican verbalmente su compromiso con los Derechos Humanos y con la justicia y la verdad.. Lo que ocurre, es que aquellos que llegaron al poder en 1990, se encontraron con una democracia protegida y con una serie de leyes de amarre que los maniataron.

Además, otros factores contribuyeron a la política pusilánime de la Concertación, el primer factor fue el temor permanente al ejército, que de vez en cuando producía ruido de sables que aterrorizaban a los dirigentes de los Partidos de la Concertación, de manera que poco a poco imperó entre ellos el pragmatismo de la “real politik”, reconociendo que embestir al ejército, al poder judicial y a la derecha era un suicidio político, en consecuencia, optaron por no hacer nada, aparentado que se hacía algo. Los símbolos reemplazaron a los hechos y desarrollaron la políticas de los placebos.

El descenso ético.

Para ello fueron descendiendo éticamente por tres peldaños que los condujeron al debacle moral en el cual ahora se encuentran. Estas tres teorías se sintetizan en los eslóganes que usaron los tres presidentes de la Concertación sucesivamente. El primero, Aylwin sostuvo el principio de “la justicia en la medida de lo posible”, inspirada en la ética de la responsabilidad de Weber, que argumenta que no hay que actuar según los principios, sino en consideración a las consecuencias del acto. El resultado fue no molestar a las fuerzas armadas y producir un libro que entregaba la verdad (el Informe Rettig). Pero esta verdad no era tal, pues partía de dos concesiones fundamentales:

– no dice ni una palabra condenando la tortura y se centra en las ejecuciones y las desapariciones forzadas
asimila como delitos similares las violaciones a los derechos humanos y los delitos terroristas.

De esta manera la verdad era que en la dictadura militar no había habido tortura y que las violaciones a los derechos humanos eran delitos igual que los crímenes políticos, desconociendo que las violaciones a los derechos humanos sólo ocurren cuando el Estado es el ejecutor, a través de sus funcionarios o personas protegidas por esta institución.

La derecha celebró este éxito y los militares reconocieron vagamente su participación en los horrores limitados descritos en el informe, los que quedaban balanceados, sino en cantidad, en calidad con los crímenes políticos ocurridos en el período, crímenes que evidentemente deben ser sancionados, pero que constituyen delitos de otra naturaleza. Con el informe Rettig al establecer esta igualdad conceptual dejó en claro que la diferencia era meramente cuantitativa.

Simultáneamente se establecieron algunas reparaciones consistentes en pensiones a los familiares directos de las víctimas y algunos beneficios en salud y educación para sus descendientes. Además se dictó un sistema de reconocimiento de algunos períodos previsionales para los exonerados para facilitar sus jubilaciones. Esta ley, siguiendo el criterio aceptado de igualar los hechos, benefició a todos los parlamentarios que habían apoyado el golpe militar y que fueron posteriormente altos funcionarios del régimen militar, favoreciendo también a gran parte de los actuales directivos de la Concertación que habían sido exonerados. En realidad fue para toda la clase política, ya que sólo en estas condiciones se consiguió el apoyo parlamentario. El tema de la dignidad se redujo a autorizar un monumento a las víctimas dentro del Cementerio General de Santiago.

En países como España, Uruguay, Brasil y Argentina, los académicos exonerados de las Universidades fueron reintegrados al término de las respectivas dictaduras, en Chile ninguno fue reincorporado y todos los académicos que habían ingresado a las Universidades durante la dictadura y nombrados sin que hubiera concursos, fueron mantenidos en sus puestos.

Un peldaño más abajo.

Con el segundo gobierno de la Concertación, el descenso ético continuó. Prácticamente no se hizo nada en este ámbito, sino que se acogió la doctrina de la territorialidad de la ley como orientador. En virtud de esta añeja doctrina, la ley nacional es la única que rige en el país, en consecuencia, los delitos cometidos en Chile sólo pueden ser procesados en Chile. Esta doctrina medieval, es antagónica con la doctrina de los Derechos Humanos y la teoría del Derecho Humanitario, ya que las violaciones a los derechos humanos pueden ser procesados en cualquier lugar del mundo porque se trata de violaciones en contra del ser humano, cualquiera sea su nacionalidad o ubicación. Esta doctrina abrazada por el presidente Frei Ruiz Tagle, le permitió hacer la más tenaz defensa del ex dictador Pinochet que se encontraba detenido en Londres. Nunca un gobierno de Chile había puesto todo su esfuerzo en lograr la vigencia de esa doctrina contraria a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y especialmente opuesta a la Convención en Contra de la Tortura que Chile había firmado.
El acto simbólico más importante fue el funcionamiento de la llamada mesa de diálogo, que sirvió para que los jefes militares reconocieran que había habido excesos, pero que ellos carecían de toda información y ellos no recordaban nada dado que habían pasado ya diez, veinte o más años.

El nivel más bajo.

El tercer paso en el descenso fue la política ética declarada por el presidente Lagos, en quien se habían fundado grandes esperanzas de cambio. Esta doctrina es la de “Dejad que las instituciones funcionen” que es muy parecida a l neoliberalismo económico que supone que todo se resuelve si se deja funcionar a los mercados. Esto significa que los Tribunales de justician deberían funcionar y resolver los casos de derechos humanos. De esta manera el poder ejecutivo rehuía cualquier responsabilidad en esos procesos y respetando la independencia del Poder Judicial esperaba que funcionara un aparato cuya razón de ser había sido la de no funcionar. En conclusión habría que esperar.

Es evidente que el Gobierno de Lagos ha tenido una política de amplio respaldo al poder judicial y permanentemente se le están otorgando nuevos recursos y hay un efectivo proceso modernizador. Es así como se logró la designación de jueces con dedicación exclusiva a los casos de derechos humanos y ha habido progresos puntuales aunque la mayoría de los casos están amnistiados o cerrados definitiva o temporalmente.

La reparación se ha limitado a los exonerados, quienes han seguido siendo los privilegiados en la política de reparación, dos nuevas leyes han mejorado su situación, lo que en la práctica mejora la situación de los viejos de la clase política en general.

Los familiares de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos que han solicitado indemnización, el Consejo de Defensa del Estado, las ha rechazado argumentando plazos vencidos, prescripción y penuria fiscal. Sin embargo, a la familia del ex canciller Letelier se le pagó una indemnización de varios millones de dólares, por la presencia en el trasfondo de los Estados Unidos.

¿Una historia sin fin?

Podemos espera entonces que los Tribunales de Justicia resuelvan los casos de violaciones a los derechos humanos. No es lícito apresurarlos porque la justicia es lenta. ¿Sólo hay que esperar?

Sin embargo, factores simbólicos y políticos están cambiando esta eterna espera.

La avalancha de proyectos.
En las últimas semanas se ha conocido una verdadera avalancha de proyectos para terminar con esta etapa de la vida nacional:

– el proyecto de la CNI
– el proyecto militar
– el proyecto de la UDI
– el proyecto del gobierno

Estos proyectos muestra que algo está ocurriendo para buscar alguna solución antes de que se conmemoren los 30 años. Este símbolo parece golpear la conciencia y los intereses de todos y ahora parece haber una situación real que conduce a una salida.
el proyecto de la CNI. Amnistía.
Hace 25 años Odlanier Mena, jefe de la CNI, convocó a representantes de la Iglesia y elaboró un proyecto que ahora dio a conocer:
-amnistía para ambas partes
-ley de muerte presunta para los detenidos desaparecidos
-pensiones de gracia para las familias de las víctimas.
Este proyecto fue rechazado por la Iglesia y según el general Mena por influencias de la CEPAL el Cardenal Silva Henríquez lo repudió.

el proyecto militar: Nunca más.
Las declaraciones del General en Jefe del Ejército, Sr. Juan Emilio Cheyre propone una solución a futuro. Se basa en la promesa de que “nunca más” surgirá de sus filas “excesos, crímenes” y violaciones a los derechos humanos.
La solución no es sólo de la Fuerzas Armadas, es de todos.
Todas las autoridades deben colaborar, no sólo el gobierno.
El golpe militar también fue responsabilidad de políticos
No más terrorismo.
Unidad nacional
Para algunos directivos de la Concertación, éste ha sido un gesto histórico del Ejército.

– el proyecto de la UDI. Reparación con justicia a plazo fijo.
Mejorar las pensiones de todos los familiares de las víctimas que figuran el Informe Rettig y el complemento.
Establecer una indemnización para las familias de las víctimas modificando las leyes que lo impiden.
Agilizar los procesos y fijar un plazo de término, pudiendo el Juez declarar que el desaparecido murió o continúa el secuestro.
Mantener los jueces exclusivos.
Rehabilitar moralmente a los que los tribunales militares mantienen como “traidores a la patria” y construir un memorial para las víctimas de los derechos humanos y las víctimas de la violencia política.
Indulto general a los presos y condenados por violencia política. (Los que están en prisión hace más de 10 años).
Igualdad para los familiares de todos los familiares, sean familiares de las víctimas de los derechos humanos o de militares muertos por violencia política.

Evidentemente que el proyecto más claro y completo es el de la UDI, pero a su vez, es el que insiste en la igualdad entre violaciones a los derechos humanos, cometidos por agentes del Estado o con su protección, y los delitos cometidos por persona por razones políticas.

La igualdad que sostiene la UDI, en el fondo, es desigualdad, pues favorece con nuevos privilegios a los familiares de las víctimas militares, las que habitualmente gozan de las mejores pensiones del sistema previsional de Chile.

También la concesión de indulto a los presos políticos implica algo parecido para los otros procesados, mientras los presos políticos han estado más de diez años en la cárcel los militares no han estado ni un solo día.

Las razones del lobo.
Por una parte, al aproximarnos a los 30 años de espera, ya el cansancio es generalizado, hasta para los que se han beneficiado de esa lentitud. Por otra, la Concertación ha sufrido un derrumbe ético general y está en una situación de extrema debilidad. Por su parte la derecha, con su filosofía de igualación, trata de desarrollar la idea de que las violaciones a los derechos humanos son equivalente a los delitos políticos (que significó la muerte del senador Jaime Guzmán) y ahora agrega una tercera igualdad: violación a los derechos humanos es equivalente a la corrupción gubernamental vigente.

En estas condiciones la posición de la derecha es más fuerte y débil que nunca. Más fuerte porque cree que tiene la misma catadura moral que la Concertación (Corrupción=violación a los derechos humanos). Ambos tienen sus cuitas morales.
Más débil porque la Derecha tiene que hacer concesiones porque está segura que el próximo gobierno será suyo y le importa muchísimo que los casos de derechos humanos se resuelvan definitivamente, de otra manera la derecha tendrá que enfrentar este problema aunque culpe a la Concertación de haber sido incapaz de resolverlo

Esta es la causa por la cual la Unión Demócrata Independiente ha golpeado la cátedra presentando un proyecto para resolver los casos de derechos humanos que el gobierno ha considerado “muy serio” y “macizo”.

La UDI intenta transformarse en el Partido Popular siguiendo el exitoso modelo del PP español, para ello debe dejar de lado sus exabruptos totalitarios y propiciar una política de derecha que no sea solamente el canto de las viudas de Pinochet, que hasta ahora la caracterizó. La UDI hará los esfuerzos posibles para no traspasar este problema al deseado futuro gobierno de Lavín, por lo cual quiere una solución rápida, incluso con compensaciones millonarias inmediatas que deba enfrentar la Concertación y no el gobierno de Lavín.

La UDI sostiene que creer que los detenidos desaparecidos están secuestrados es una “ficción” y sobre ficciones no puede construirse nada, aunque es una situación transitoria mientras se ubica a los detenidos desaparecidos, de acuerdo al Derecho Internacional. Los militares declaran que no tienen ninguna información y que olvidaron todo ¿Este argumento no es acaso otra ficción? Pero la UDI tiene lazos umbilicales con las jefaturas militares y siempre expresara el máximo respeto por el ejército. Sobre la ficción militar sí se puede construir una salida a la situación actual según la UDI..

En estas condiciones, dada la debilidad y ambigüedad del gobierno la UDI va a jugar un rol esencial en la solución de este procesos.

– el proyecto del gobierno (al 27-06-03)
Aunque a la fecha el gobierno no presenta un proyecto definitivo, las líneas generales son las siguientes:
Justicia (fortalecimiento de jueces con dedicación exclusiva)
Reparación
Nunca más
Rechazo al indulto general propuesto por la UDI (probablemente porque se pediría igualdad para los casos derechos humanos).
Aprobación de la Convención contra la tortura y el genocidio.
Como puede observarse este proyecto es de una vaguedad total hasta el momento y muestra la confusión de los gobernantes. Dada la postración moral de la Concertación, muy poca capacidad de maniobra tiene para modificar sustancialmente el proyecto de la UDI.

Es evidente que hay cada vez más personeros del gobierno que califican al proyecto de la UDI como “macizo”, “serio”, etc.

El festín de los jefes.
El gobierno de la Concertación sufre el más profundo desastre ético. Nunca en la historia de Chile -incluso la oscura era de Pinochet- la corrupción se había generalizado a los niveles denunciados en el caso coimas, las indemnizaciones a todo evento, ESVAL, ENAP, INDAP, Aduanas, el caso GATE, el caso INVERLINK, los sobresueldos, el pluriempleo, etc. Nunca en la historia de Chile había habido desafueros de parlamentarios de todos los Partidos de Gobierno y procesamiento hasta de ex Ministros por casos de corrupción.

Ya nadie cree que la Concertación era la que iba a lograr la justicia en los casos de violaciones a los derechos humanos. Los líderes de la Concertación sólo tienen llenos los bolsillos, en todo lo demás están vacíos. Lo abandonaron todo por unos dólares más.

La situación actual es muy clara, La UDI quiere resolver el problema pendiente para generar una partida sólida al gobierno de Lavín, no hay consideraciones de principios, sólo condicionantes políticos coyunturales. Pero parece estar dispuesta a hacer concesiones con tal de lograr esa base sólida.

Nosotros los de entonces ya no somos los mismos.
La tradición populista latinoamericana nos ha enseñado el valor de los discursos. Cuando se tiene el poder los líderes se ponen sensatos y olvidan sus abundantes promesas. El caso chileno es paradigmático. La Concertación abandonó todos sus principios y gobernó con el más miope pragmatismo.

Está ufana de sus éxitos: ha habido desarrollo económico evidente, pero ha sido aplicando los más estrictos principios del neoliberalismo. Están orgullosos del equilibrio fiscal que significa un paraíso para los ricos. Ni siquiera las grandes empresas privadas del cobre tributan. Las exenciones tributarias para incentivar la inversión son gigantescas. Pero no hay exenciones tributarias para los pobres. El IVA es igual para todos, Esta igualdad es la negación de la igualdad pues hay pobres, ricos y clase media: todos pagan la misma tasa. ¿Cuál es el resultado?: la distribución del ingreso es más regresiva ahora que durante la dictadura militar. La igualdad es un principio que se transformó en mito: a los jefes de la Concertación se les pagan sobresueldos que duplican o triplican el ingreso (y exentos de impuestos). Los reajustes, según la Ley de Nuevo Trato laboral significa un aumento del 100% de los sueldos de los jefes y otros privilegiados, mientras el salario mínimo se reajusta en 4%. Resulta que los jefes son más iguales que los demás.

El principio de la igualdad, aceptando diferencias evidentes, fue ofrecido en el programa de la Concertación, pero se ha transformado en su negación. Nunca antes en la historia de Chile existió tal desigualdad. A mediados del siglo XIX la relación entre el sueldo mayor y el menor en la Administción Pública chilena era de 5 a 1, actualmente es de 40 a 1.

Así como la Concertación abandonó el principio de la igualdad, ya dejó de lado la justicia.

Pero no se trata simplemente de una actitud voluntarista de la Concertación, la raíz más profunda es el agotamiento de los grandes proyectos de cambios a nivel mundial. Los principios éticos de la Concertación, basados en el socialismo, el liberalismo y el socialcristianismo han desaparecido, en cambio el neoliberalismo campea por todos los ámbitos y la UDI se basa en esa concepción a la cual le suma el sólido sectarismo del Opus Dei. En realidad el neoliberalismo y el pragmatismo son los principios vigentes en toda la sociedad y ellos conciben la obligación de cada cual de enriquecerse como pueda. Los jefes de la Concertación han tenido una imaginación fecunda de cómo desviar los recursos públicos hacia sus bolsillos privados. Esto los ha hecho débiles éticamente, pero fuertes y seguros en el ámbito material.

El poder judicial.
El Poder Judicial, que avaló las violaciones ha los derechos humanos y que hasta ahora ha brindado una impunidad generalizada no parece tener intención de cambiar su política.

El gobierno ya no está en condiciones de lograr que Poder Judicial le haga concesiones en estas áreas, pues ahora tiene objetivos muy distintos: Debe lograr a toda costa impunidad para los casos de corrupción que ha amparado, para lo cual debe seguir apoyando al Poder Judicial y otorgarla la más vieja aspiración de la Judicatura que es la independencia económica y presupuestaria, tratativas en las cuales está embarcado el Ministro de Justicia y el Ministro del Interior.

Sin embargo, en Chile han aparecido “los jueces de Milán”, cada vez más magistrados investigan seriamente los casos de violaciones de derechos humanos y los nuevos casos de corrupción. Están chocando con la actitud de sus superiores, adalides de la impunidad, que anulan sus fallos, paro hay nuevos aires ene el poder judicial, lo que constituye una débil esperanza.

La última perversión militar: entierros y desentierros.
Hay constancia judicial que los militares desenterraron a los detenidos desaparecidos que habían sido ejecutados. Se han identificado a responsables y se tienen confesiones de los procedimientos efectuados. Lo que los altos mandos habían insinuado en la mesa de diálogo, en el sentido que habían lanzado al mar a los detenidos desaparecidos ya es un hecho probado. Pero se trataba de sus cadáveres. Ahora asistiremos a otra representación de ficción cuando los altos jefes declaren que ellos no sabían nada. No hay información y son cosas del pasado agregarán.

El triángulo perverso
En estas condiciones, nadie puede criticar a un poder Judicial tan equilibrado: ha dado impunidad a los violadores de los derechos humanos y presumimos que dará impunidad a los corruptos del gobierno, como ha ocurrido con los últimos fallos de la Corte Suprema..

La UDI podría haber iniciado una gran campaña en contra de la corrupción de la Concertación, pero hay dos razones que la limitan, la primera es de pragmatismo económico: el desprestigio del gobierno puede acarrear el desprestigio del país y en los mercados internacionales la probidad tradicional de Chile es un plus que no puede perderse. Por otra parte, ¿Qué sentido tiene apuñalar a un cadáver? Según la UDI la Concertación ya está muerta y a los muertos es mejor dejarlos descansar en paz. ¡Hacerlos desaparecer es muy peligroso!

Para la UDI, con su perversa inclinación de lograr igualdades, va a poder considerar que son iguales las violaciones de los derechos humanos y los actos de corrupción, Por lo tanto su estatura moral no es distinta a la de la Concertación.

La superioridad ética de la Concertación, que fue causa esencial de sus triunfos electorales ya no existe. La lucha es entre fuerzas políticas pragmáticas que olvidaron los principios hace mucho tiempo, los unos con la dictadura militar y los otros en el festín de jefes de la Concertación.

En la coyuntura actual todos ganan, la UDI resuelve el problema de los derechos humanos a su amaño, la concertación logra impunidad para la corrupción y el Poder Judicial es avalado nacionalmente por su rol de equilibrio y alcanza la deseada independencia económica.

¿Y los familiares de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos?
Es evidente que ningún proyecto podrá ser aprobado sin un apoyo, por lo menos parcial de los mencionados familiares. La mayoría de ellos han tenido una actitud de gran dignidad rechazando el proyecto de la UDI que implica indemnizaciones muy tentadoras y que han atraído a otros grupos de afectados: los torturados, los presos políticos y los exiliados. Ante estos grupos hay que tener filtros muy rigurosos porque en el caso de los exiliados, es casi imposible separar los exiliados políticos de los económicos y muchísimos de los exiliados políticos conforman las actuales dirigencias de la Concertación y pueden mover las aspas del molino del poder para su beneficio, porque han demostrado ser insaciables. La tortura que es un crimen abominable y que caracterizó la dictadura de Pinochet, debe incluirse, pero también con mucha rigurosidad porque es muy difícil de verificar, quizás se pueda poner como condición que hayan existido las denuncias oportunas ante los organismos de derechos humanos en la época que ellas ocurrieron, dado que ese sistima cumplía eficientemente ese registro de denuncias y brindaba asistencia.También hay que detener los mayores privilegios para los exonerados, que conforman en gran medida a los dirigentes polítiocos de gobierno y oposición. Las reparaciones deben estar centradas en los casos de ejecutados y los detenidos desaparecidos, porque difícilmente alcanzaría a los cientos de miles de afectados por las violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, es evidente que los familiares están agotados en esta lucha que calificamos de homérica y las indemnizaciones ofrecidas por la UDI no han dejado de tentar a algunos, que se conectaron a ese partido y lo respaldan en sus acciones.

El triángulo perverso.
La Concertación no ha podido entregar nada sólido en materia de Justicia, Verdad y Reparación. También es probable que el próximo gobierno de la derecha tienda a no resolver el problema, con dos excelentes motivos: apostando al tiempo (muerte de los familiares directos por ancianidad y agotamiento) y sosteniendo que era una tarea de la Concertación. De manera que las organizaciones de los familiares de víctimas de la violación a los derechos humanos están ente una alternativa difícil: apoyan el mediocre proyecto de la UDI con algunas modificaciones o quedan a la espera eterna, ya que la Concertación no tiene solidez ética para luchar por principios que hace tiempo abandonó. Las organizaciones de familiares de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos están encerrados en este triángulo perverso: la UDI que quiere el punto final haciendo algunas concesiones, la Concertación que ya no tiene peso moral para imponer condiciones y el sistema de justicia, proclive a brindar impunidad a los poderosos de cualquier signo.

Es una conclusión lamentable y ojalá estemos equivocados.